El gobernador de la provincia, Omar Perotti, presentó este martes el proyecto de ley para la creación del nuevo Sistema Provincial de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios, el cual será enviado a la Legislatura para su tratamiento; y de un nuevo Régimen de Promoción Industrial que, por decreto, entró en vigencia el martes 2 de agosto.

El proyecto tiene por objetivo prevenir y reducir daños de emergencias y desastres agropecuarios causados por factores climáticos, meteorológicos, biológicos o físicos, para lo cual se crea el Sistema Provincial de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios, en reemplazo de la actual ley Nº 11.297 de declaración de desastre y/o emergencia agropecuaria, vigente en la provincia por más de 27 años.

El mandatario santafesino dio a conocer este proyecto y la nueva herramienta ante representantes de los sectores agropecuario e industrial de la provincia de Santa Fe, en un acto desarrollado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

En tanto, el decreto establece la modernización de la normativa del régimen de promoción industrial, que no se modifica desde 1995, para acompañar y estimular las tendencias actuales de las inversiones productivas del sector industrial.

“Todos somos conscientes de que tenemos momentos de incertidumbre, pero frente a esa instancia tenemos la certeza que Santa Fe va a seguir produciendo y sembrando, vamos a cosechar y vamos a fabricar. Hay variables que no vamos a modificar desde la provincia, no manejamos el tipo de cambio ni la tasa de interés, pero sí hay herramientas que si están a nuestro alcance las tenemos que movilizar”, indicó el Gobernador.

El proyecto de ley presentado busca derogar la ley de Emergencia Agropecuaria Nº 11.297, que está vigente desde 1995, ya que es una ley post evento y solo tiene como beneficiarios a los propietarios de la tierra con beneficios directos de prórroga o condonación del impuesto inmobiliario rural.

El nuevo proyecto se basa en un sistema que aborda todas las fases de la gestión de riesgos de emergencia y/o desastre agropecuario; y fue elaborado por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, con el consenso de entidades intermedias del sector productivo, como SRA, Carsfe, Coninagro, FAA, Meprolsafe, AFA, las bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, Aapresid, el Colegio de Médicos Veterinarios y Agrónomos, Inta y Senasa.

Los beneficios de la propuesta incluyen la condonación o prórrogas del Impuesto Inmobiliario Rural, e incorpora condonación o prórrogas de la patente de un vehículo afectado a la actividad agropecuaria.

Además, se prevé asistencia financiera para la realización de inversiones destinadas a la prevención de la ocurrencia de eventos adversos sobre la producción, a los fines de dotarlo de herramientas para disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de producción; y para recomponer el capital de trabajo afectado durante la ocurrencia de eventos adversos; y, por último, el desarrollo y fomento en la adopción de coberturas para disminuir los riesgos de sequías e inundaciones, como así también el subsidio de primas de seguros agropecuarios destinado a pequeños y medianos productores que permitirá darle acceso a este tipo de herramientas.

Para llevar adelante estas políticas de prevención y reducción se va a constituir un fondo provincial, integrado con el 40% del Impuesto Inmobiliario Rural, luego de la coparticipación a municipios y comunas.

En referencia a la promoción industrial, el objetivo fundamental del nuevo régimen de promoción industrial es priorizar a las pymes industriales en las pautas de alcance, cuantificación y graduación de beneficios impositivos, favoreciendo a la redistribución del costo fiscal de la provincia.

Se busca, además, la atracción de inversiones y radicaciones de plantas fabriles en el territorio provincial, privilegiando la instalación en Parques y Áreas industriales, o en zonas de uso industrial reconocidas por ordenanzas comunales/municipales, volviendo a esquemas de desgravación máxima del 100% de exención de todos los impuestos provinciales durante 10 años.