El Ministerio Público de la Acusación (MPA) se expidió respecto a una presentación realizada recientemente por el senador departamental Lisandro Enrico. Por escrito, el legislador había preguntado a los fiscales que llevan adelante la causa de juego clandestino en la Provincia si estaba siendo investigado y si era necesario que renunciara a sus fueros para favorecer el trabajo de los fiscales.

“Atento la preocupación razonable puesta de manifiesto por Ud. le hacemos saber que conforme la evidencia expuesta y la que ha tomado carácter público, Ud. no se encuentra sujeto a investigación por los suscriptos”, dice el escrito de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. 

El planteo de Enrico surgió luego de que, a fines de septiembre, Luis Rossini, abogado del zar del juego clandestino de Santa Fe Leonardo Peiti, en declaraciones radiales deslizara que en la causa en la que se investiga a su defendido también estaba involucrado Enrico y que había pruebas que lo relacionaban con el tema.

Ante esto, Enrico se presentó ante la justicia el 1 de octubre y solicitó por escrito que se le informara si era parte de la investigación que se desarrolla sobre las causas de juego clandestino, o si existía evidencia que lo vinculara a los hechos de corrupción donde es mencionado el senador Armando Traferri.

La Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del MPA le respondió a Enrico aclarando que “no es investigado por ningún delito” y desmintió a Rossini. 

En la nota presentada por Lisandro Enrico ante el Ministerio Público de la Acusación, el senador expresó que de ser necesario él renunciaría a los fueros que le otorga la Constitución de la Provincia de Santa Fe.

“Finalmente, sobre la puesta a disposición de su desafuero le hacemos saber que a la fecha no contamos con evidencia ni cursos investigativos que así lo requieran”, manifestaron los fiscales y agregaron: “Asimismo no queremos dejar de destacar que valoramos su ejemplar conducta, la cual evidentemente reviste un alto contenido cívico y se evidencia respetuosa de quienes ejercemos funciones públicas en el marco de las investigaciones penales contribuyendo de gran forma a una cordial relación entre los poderes del estado de derecho”.