El diputado provincial del PDP Gabriel Real, se manifestó sobre la Resolución N°323/2021 publicada en el Boletín Oficial el martes 13 a través de la cual se delega la potestad de denegar información pública a cualquier funcionario que sea subsecretario o superior a ese cargo dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

“Esta resolución firmada por el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, significa un retroceso en el proceso de garantizar un Derecho Humano consagrado por nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, como es el Acceso a la Información Pública. Esta medida regresiva y desacertada políticamente, constituye una traba más a hora de garantizar la transparencia de los órganos del Estado, en detrimento del ejercicio del periodismo, de las organizaciones de la sociedad civil que velan por la transparencia y la participación ciudadana, y de la ciudadanía en general”, dijo el legislador del PDP. 

El diputado Real, que a su vez es autor del Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública en la provincia de Santa Fe el cual cuenta con su 8va media sanción de la Cámara de Diputados y que se encuentra pendiente de tratamiento en el Senado Santafesino, ya ha sido crítico de la Ley Nacional 27.275, sosteniendo que la misma no garantiza la autonomía de la autoridad de aplicación de dicha ley, la cual se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinetes de Ministros.

“La normativa vigente debe garantizar que cualquier persona física o jurídica pueda acceder a la información que requiera, sin necesidad de poseer patrocinio letrado ni demostrar interés legítimo, ya que toda información que se encuentra en poder del Estado es información pública salvo las excepciones expresas en la ley. En este sentido, el sujeto requerido solo puede negarse a bridar la información solicitada mediante acto fundado y, a su vez, dicha denegatoria de información debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo”, argumentó Real.

“Lo dispuesto por Cafiero abre la puerta a convertir la excepción de otorgar información en regla y delega, a rangos más bajos de la administración, el acto denegatorio que por ley le es conferido, diluyendo así su responsabilidad política. En tiempos donde la ciudadanía se moviliza y demanda por mayor transparencia, apertura y rendición de cuentas, la respuesta del Gobierno Nacional no puede ser el oscurantismo”, finalizó Real.