Opinión | 20/06/2018
Ley de aborto seguro, legal y gratuito
La media sanción de Diputados
La mortalidad materna y los abortos clandestinos son las dos caras de una misma moneda. Claramente la imposibilidad de acceder a una intervención segura, en un lugar adecuado, es responsable de una suma importante de muertes evitables o de lesiones irreversibles en el organismo de muchas mujeres, generalmente pobres y vulnerables.
Las inequidades en salud se expresan como aquellas desigualdades que pueden ser evitadas. La imposibilidad de muchas mujeres de acceder a un aborto seguro, legal y gratuito, explica tristemente cada una de sus muertes. El Estado no puede seguir eludiendo su responsabilidad. Allí donde existe una “desigualdad evitable”, el Estado debe hacerse presente y remediar esa injusticia.
Claro que no se soluciona todo con solo sancionar una ley como la que se debate actualmente en la legislatura, sino que requiere de un conjunto de intervenciones sanitarias basadas en la educación y el acceso a los métodos anticonceptivos, junto a todas aquellas acciones complementarias que promuevan valores humanistas y favorezcan el desarrollo humano sustentable.
Por citar un ejemplo, en Canadá, luego de 25 años de vigencia de una Ley de Salud Reproductiva y de la legalización del aborto, las mujeres y los profesionales de la salud enfrentan el aborto con mayor responsabilidad, y se observa una tendencia al descenso progresivo del número de casos. La mayoría de los abortos son de pocas semanas de gestación, y tanto las complicaciones por aborto como así también la mortalidad materna han disminuido notablemente en ese país.
Claro que hay que considerar que Canadá es uno de los países que garantiza a sus ciudadanos el cuidado de la salud a través de un Seguro Público universal (cubre a la totalidad de la población), integral (abarca a las necesidades de salud desde una óptica biopsicosocial y comunitaria) y accesible, con un pleno desarrollo de programas preventivos y educación sanitaria.
En Argentina hoy dimos un primer paso, apenas un paso en un largo sendero que habrá que recorrer para que el acceso a un aborto seguro, legal y gratuito sea efectivamente el último recurso al que una mujer deba echar mano cuando se enfrenta a la necesidad de resolver una gestación no deseada o inconveniente. Antes de que esto ocurra, el Estado, los servicios de salud, y la sociedad en su conjunto, tienen la responsabilidad de evitar que se llegue a esa dolorosa situación a través de la educación y la prevención y el acceso a los métodos anticonceptivos.
Dr. Ramiro Huber, médico generalista