Presentada como una iniciativa para “democratizar la Justicia” (ver recuadro), el proyecto del Ejecutivo nacional tuvo un tratamiento exprés en el Congreso. Fue un debate por momentos grotesco y bochornoso, condicionado por la imposibilidad de no cambiarle una coma a la propuesta presidencial.

Para conocer los alcances de estos cambios y su incidencia en la vida del ciudadano de a pie, “El Correo de Firmat” consultó al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Ernesto Granados.
“La primera reflexión que me merece es que los argentinos nos merecemos una discusión amplia y profunda sobre cualquier tema. En democracia no hay limitación sobre los temas”, expresó. Y, acto seguido, completó: “Ha habido toda una elaboración doctrinaria y jurisprudencial de más de cien años con respecto a medidas cautelares y acciones de amparo que han surgido como una forma de defender al ciudadano de los avances del Estado. Me preocupa y merece una discusión más profunda”.

Sobre la celeridad con que se trató el proyecto en el Congreso, analizó: “No escuché, ni leí, ni me han respondido cuál es el motivo de la urgencia. No entiendo por qué hay que atropellar y llevarse todo por delante, si tenemos tiempo para poder discutirlo. No lo cambiamos en los últimos cien años, menos se puede cambiar en una semana”. En ese contexto planteó que “el trámite de la discusión parlamentaria todo el mundo lo vio, es muy difícil discutir y dar argumentos de peso cuando se sabe de antemano que no se le va a cambiar una coma al proyecto oficial. Es paradójico que se pretenda democratizar una institución, con actitudes no democráticas”.
¿Va a cambiar sustancialmente la vida de los ciudadanos?, indagó este medio: “No, para nada; la morosidad de la Justicia va a seguir exactamente igual. A lo sumo lo que vamos a tener son jueces que no van a saber qué hacer, porque los cambios en la elección y destitución de los jueces no hace más que crear inseguridad. Y la inseguridad no es buena consejera. Evidentemente los jueces van a tener consciente o inconscientemente temor de resolver algunas cosas. Con temor no se puede trabajar, es contrario y enemigo de la democracia y la libertad”, respondió el decano de la Facultad de Derecho de la UNR.

En esa línea Granados analizó: “Hay una afectación a la institucionalidad y eso directa o indirectamente afecta al ciudadano común. En lo personal considero que no va apuntado a mejorar los tiempos en la Justicia la creación de las Cámaras de Casación. Si uno de los problemas del ciudadano común es acceder a la Justicia, no hay ninguna solución que se proponga con estas leyes. Si la Justicia no le da respuestas en tiempo razonable, con estas reformas eso no se mejora y posiblemente se empeore. Y con respecto a las medidas cautelares, por ejemplo en el caso del “corralito” de 2001 todos sabemos que de no haberse interpuesto medidas cautelares, muchos ciudadanos hubiesen visto sus ahorros apresados y sin poder sacarlos de los bancos. No veo que se reformen cosas más sustanciales, como la Ley de Entidades Financieras, esta reforma no beneficia directamente al ciudadano”.


Claves de la reforma

• Cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura: Pasará de 13 consejeros que posee este cuerpo en la actualidad a 19. Los nuevos miembros serán elegidos por el voto popular de forma conjunta con los candidatos partidarios en las Primarias. Hasta este momento, la elección de los miembros del Consejo es realizada por el Ejecutivo y votada en el Congreso.

• Designación o remoción de jueces: Para designar o remover un juez se requiere de una mayoría especial, es decir, que dos tercios de los integrantes de las Cámaras del Legislativo voten a favor o en contra. A partir de la reforma, haría falta solo de una mayoría simple, es decir, la mitad más uno.

• Nuevas Cámaras de Casación: Se crearán tres cámaras adicionales en los fueros Contencioso Administrativo; Nacional y Federal del Trabajo y la Seguridad Social; y Federal y Nacional en lo Civil y Comercial.

• Cautelares más cortas: La propuesta es que estas medidas tengan un plazo máximo de seis meses, que será el tope para la resolución de la cuestión de fondo. De esta manera, apunta a que las causas se resuelvan con mayor rapidez.

Periodista/Fuente: Nicolás Menna Lambertucci