Desde el inicio de 2013, el Frente Progresista y el bloque del PJ “Corriente Renovadora” mostraron, pública e institucionalmente, su voluntad de apartar de la sala de sesiones “Alejandro Real” al concejal, Raúl Quevedo, hasta tanto exista una sentencia definitiva en la causa que tramita el Juzgado en lo Penal de Instrucción de Melincué por el delito de “peculado por sustracción de caudales y omisión de deberes de funcionario público” mientras estuvo frente al SAMCo local. En este marco, se desarrolló un proceso administrativo interno que, al cierre de esta edición, concluía con el posible desplazamiento del edil justicialista de la función pública.

Inmerso en una coyuntura adversa, la semana pasada, Quevedo rompió el silencio que mantuvo durante cuatro meses e hizo serias acusaciones contra miembros del Frente Progresista. El ataque también apuntó a los referentes de “Corriente Renovadora” (Sergio y Franco Stampone). “Miden la ética y la moral de las personas pero no hacen un mea culpa ni miran a su interior”, dijo el histórico concejal, el cual sentenció: “Yo nunca recibí facturas de narcotraficantes ni evadí impuestos”.
Antes de aparecer en la escena pública, Quevedo se presentó en los Tribunales Federales de Rosario y en el Juzgado de Instrucción de Melincué para denunciar a funcionarios de la gestión de Carlos Torres (entre los que está el actual concejal Gabriel Grivarello) por “incumplimiento de deberes públicos”, “asociación ilícita” y “defraudación fiscal”.
La presentación realizada contra el gobierno de Torres se fundamenta en una serie de boletas a nombre de Aldo Cesar Orozco, alias “Totola”, que la Municipalidad abonó entre 2010 y 2011 por conexiones de gas domiciliario (dentro del programa “Gas para todos”) y por la compra de materiales de construcción a un corralón fantasma.

Según señaló Quevedo, en dichas facturas aparecen muchas incongruencias como la falta de continuidad numérica, errónea evaluación de la categoría del proveedor y otras supuestas irregularidades que ahora son materia de investigación judicial.
Sumado a ésto, ingresó en mesa de entrada del Concejo Municipal una Minuta de Comunicación donde le solicita al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que informe “si los ediles Sergio Stampone y Franco Stampone pagaron suma de dinero alguna por los conceptos reclamados mediante la Resolución 118/11 del DEM suscripta por el Dr. Carlos Torres y el CPN. Gabriel Grivarello”.
La mencionada Resolución consta de tres artículos en los que el gobierno de Torres acusó a Stampone de “fraude fiscal” y aseguró que el empresario, mediante la firma Emergencias Medicas Firmat SRL, “ingresó datos falsos con el fin de evadir el pago del tributo municipal (Derecho de Registro e Inspección)” y de falsear “en la declaración los montos imponibles a los fines de evadir el pago debido”. Según el documento, la deuda es 405.250 pesos, en concepto de Derecho de Registro de Inspección, multas por infracción a las disposiciones tributarias municipales e intereses, y correspondiente a los períodos fiscales 01/2006 hasta el 10/2010”
Evitando referirse a la causa judicial que pesa en su contra, el edil puso el acento en la necesidad política de correrlo del escenario político. “En diciembre, fui electo vicepresidente del Concejo con los cuatro votos del peronismo. Y los demás se abstuvieron. No votaron. Desde entonces: ¿Qué cambió? ¿Habrán visto alguna medición (encuesta) que les era desfavorable?, preguntó.

“Los que históricamente eran antagónicos hoy están juntos con un fin netamente político que es minimizar la función de Raúl Quevedo”, opinó. De esta manera, denunció un supuesto acuerdo en su contra entre Maximino y Stampone. Paradójicamente, años atrás, era Stampone quien denunciaba un acuerdo entre Torres y Quevedo.


Sergio Stampone: Último recurso

En medio de las acusaciones cruzadas, el presidente del Concejo, Sergio Stampone, precisó: “Mientras él estuvo denunciado ni nosotros ni el Frente Progresista dijimos absolutamente nada. Recién cuando fue ratificado su procesamiento por la Cámara de Apelación de Venado Tuerto el Frente Progresista ingresó el proyecto destinado a licenciar al concejal Quevedo. Anteriormente a Quevedo no lo molestó nadie”.
Stampone recordó que fue su bloque el que inició la investigación por las facturas de Orozco a la Municipalidad y dijo que “en ese momento Quevedo y Sacnun no se interesaron en avanzar en el tema”.
“En el momento en que empezó la investigación y se conformó la comisión investigadora, el hoy denunciante no aportó nada”, remarcó el presidente del Concejo, quien agregó: “Cuando se trató dentro de los bloques del Partido Justicialista qué hacer con esta situación, pese a nuestro planteo, Quevedo y Sacnun se negaron a realizar la denuncia”.
“Sale ahora con esta denuncia contra Torres porque no le queda otra, pero es una denuncia tardía. Cuando quisimos llevar el tema a la Justicia ellos se negaron”, remarcó.


Concejo en stand by: Un mes sin sesionar

El viernes 15 de marzo, el intendente, Leonel Maximino, dio apertura al ciclo 2013 de sesiones ordinarias. Pese a esto, el Concejo Municipal aún no comenzó con las mismas.
Según Quevedo, esto se debe a que el Frente Progresista y “Corriente Renovadora” están esperando su destitución para comenzar con las sesiones.
Recién el jueves sería la primera sesión ordinaria del año. Allí ya no estaría Quevedo sino su reemplazante, quien debería ser el segundo de la lista que lo acompañó en 2009.

Periodista/Fuente: Sesión del Concejo en la que se trató la situación de Quevedo - FOTO DE ARCHIVO